La alarma social que viene provocando la proliferación de crímenes y delitos sexuales en España ha llevado a reivindicar a afectados y algunos sectores sociales la instauración de la cadena perpetua para ciertos delitos. La respuesta al respecto del nuevo ministro de Justicia, Caamaño, ha sido que es una medida inconstitucional, cosa que es cierta, para intentar cerrar este debate.
Lo que no es lógico es que la reforma constitucional se arguya para unas cosas y se descarte para otras sin mediar un consenso social previo. Nuestra Carta Magna deberá ser reformada para que pueda reinar una mujer, por ejemplo, y esto es de sentido común. Pero ¿qué pasa con los delincuentes sexuales multirreincidente, por poner otro caso?, ¿se espera la reinserción, como se establece constitucionalmente y a pesar de las evidencias?, ¿cuándo serán las penas para los delitos de terrorismo realmente disuasorias para los condenados y también para sus secuaces?
En fin, que no parece de recibo que no se abra un debate social amplio y claro sobre nuestra Justicia cuando ésta está desacreditada y ha tocado fondo verdaderamente y por tantos motivos.
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